Todos las cuestiones vinculadas a los alimentos, medicamentos, enseñanza, transporte, turismo, actividad aseguradora, actividad bancaria, recaudación fiscal, radiodifusión, regularidad societaria y régimen provisional, son de interés público ya que cualquier perjuicio que se derive de tales actividades tiene repercusión en los derechos colectivos de la sociedad toda, razón por la cual el Estado pretende cumplir con el control de tales actividades a través de organismos creados específicamente para supervisar cada una de ellas.
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